EJE TEMÁTICO INVERSIÓN PÚBLICA Y HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

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Mientras que los países en vías de desarrollo y las personas más vulnerables corren un riesgo desproporcionado, las pérdidas eventos como el gran terremoto y el tsunami ocurridos al oriente de Japón, demuestran un incremento en costos sociales y económicos globales a consecuencia de la creciente magnitud y frecuencia de los desastres.

Por tanto, la reducción del riesgo de desastres (RRD) constituye uno de los mayores desafíos para el desarrollo sostenible de la región, y en este contexto, la reducción de la vulnerabilidad y la exposición al riesgo, así como el aumento de la resiliencia, requieren un abordaje integral (público y privado) para la incorporación de mecanismos de fortalecimiento tales como sistemas de planificación, de inversión pública y privada en infraestructura y de protección social.

El Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 (MAH), el acuerdo internacional que orienta a los gobiernos, las comunidades y al sector privado a promover la cultura preventiva y la gestión de desastres con el objetivo de minimizar la pérdida de vidas humanas y daños económicos ocasionados por amenazas naturales y a fortalecer la resiliencia a nivel regional, nacional y local; establece cinco prioridades de acción que trazan orientaciones prácticas para todos los actores clave en la reducción del riesgo de desastres.

1. Las que se originan a raíz de las condiciones tecnológicas o industriales y pueden ocasionar daños y pérdidas humanas, materiales y ambientales.
2. Fuente: UNISDR. Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction, GAR, 2009

2. INVERSIÓN PÚBLICA Y HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

En años recientes, se ha producido un rápido incremento en la pérdida de recursos económicos y empleos por desastres, que es mayor sobre los países de ingresos medianos y bajos. A pesar de la magnitud de los costes potenciales y la pérdida de ingresos, reducir los riesgos de desastres sigue percibiéndose como una prioridad menor que la estabilidad fiscal, el desempleo o la inflación. El gran terremoto y tsunami del Japón oriental de 2011 provocó un retroceso económico del 1%, de acuerdo con la previsión de crecimiento japonesa en ese año.

En la región de Asia y el Pacífico, esto significaría un impacto del 0,1 al 0,21% sobre el crecimiento para China, Malasia, la India, Singapur y Filipinas, incluyendo un impacto del 0,2 al 0,5% sobre el crecimiento de las exportaciones en estos países debido a la interrupción de insumos del Japón.

Las inundaciones de Tailandia en 2011 no solo costaron 40.000 millones, sino que también provocaron una caída del 2,5% en la producción industrial mundial.

Para que los países reduzcan sus vulnerabilidades y exposición al riesgo, se requiere un enfoque que incorpore mecanismos de desarrollo tales como sistemas de Planificación, de inversiones públicas nacionales, protección social e inversiones de Infraestructura local y nacional, para reducir los riesgos y aumentar la resiliencia.

Reducir el riesgo de desastres y reforzar la resiliencia se debería percibir más como parte de un nuevo paradigma de desarrollo en el que el bienestar y la equidad son valores centrales y los recursos naturales y humanos son centrales para la planificación y la toma de decisiones.

El análisis de Riesgo es una herramienta que aplicada a los Proyectos de Inversión pública-PIPs, permite la identificación y evaluación de los probables daños y/o pérdidas ocasionados por el impacto de un peligro sobre un proyecto o elementos de este. Así, se identifican e incluyen medidas que eviten la generación de vulnerabilidades o corrijan las existentes de tal manera que se reduzca el riesgo en las alternativas de solución al problema planteado.

En las Conclusiones y Recomendaciones del Seminario Regional llevado a cabo en Panamá en el 2011, sobre Inversión Pública y Mecanismos Financieros, Seguro y Reaseguro contra Desastres en América Latina y el Caribe, con apoyo del SELA y UNISDR, con participación de los estados miembros del SELA, se enfatizó que el aprovechamiento de los mecanismos de transferencia de riesgos financieros, como los seguros y reaseguros contra desastres, tiene que formar parte de una estrategia integral, con una visión multidimensional y basada en la más amplia cooperación inter-institucional, de reducción de riesgos de desastre, en la cual los elementos de prevención deberían ser prioritarios. Ello debe ser parte esencial de los procesos de planificación e inversión pública y que los seguros contra eventos catastróficos en la región de América Latina y el Caribe representa actualmente sólo entre el 1.5 % y el 2 % de las primas de seguro recaudadas a nivel mundial, pero al mismo tiempo dichas primas se consideran muy elevadas para los niveles de ingreso y desarrollo relativo de varios de nuestros países. Por tanto, se consideró que deberían realizarse esfuerzos para ampliar la cobertura de los seguros contra eventos catastróficos, entre otros instrumentos, para lo cual convendría intensificar campañas de divulgación y concientización a nivel social acerca de la importancia de esta problemática.

Con respecto al tema de la inversión pública para la reducción de riesgos de desastre concluyeron que resulta necesario fortalecer el diseño y aplicación de políticas, la planificación, el desarrollo institucional y la inversión para la reducción del riesgo de desastre, como parte integral del proceso de desarrollo, subrayándose la necesidad de que la inversión pública se ejecute de manera tal que garantice la calidad, seguridad y sostenibilidad de los proyectos, para lo cual se deberá incorporar el análisis del riesgo debiendo igualmente priorizarse la formación de capacidades y recursos humanos para tal fin. Así mismo se reconoció que resulta prioritario vincular la inversión pública con los sistemas presupuestales, de tal forma que se garantice la asignación de recursos a los proyectos de Inversión considerando el análisis de riesgo.

Finalmente, reconoce que en la región existen diversas experiencias respecto a la utilización de mecanismos de planificación y gestión del desarrollo, que considera la RRD en los procesos de inversión pública, seguridad fiscal del estado, sistemas de seguros y transferencia de riesgo, que pueden servir de base para un mayor compromiso del sector público y privado para reducir el impacto de los desastres en las tareas del desarrollo local, nacional y regional, en la perspectiva de alcanzar un verdadero desarrollo sostenible.

3. OBJETIVO DE LA SESIÓN

Compartir experiencias a nivel local, nacional y regional sobre diversos proceso de incorporación de RRD y ACC en los Sistemas Nacionales de Inversión Pública, Mecanismos de mercado de seguros y transferencia de riesgo, así como de fondos o instrumentos financieros para la seguridad fiscal en caso de desastre, con la expectativa de establecer criterios de éxito de tales experiencias, identificando las brechas, vacíos y retos para una mayor relevancia de la RRD en los mecanismos y sistemas antes indicados así como recomendaciones para su implementación en la región.

4. ESQUEMA DE DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ASPECTOS A ABORDAR

Primer Panel

Experiencias de Procesos de Inversión Pública y Mecanismos/indicadores de Monitoreo de Inversiones en DRR y ACC dentro de las políticas públicas.
a. Estudios de Caso sobre incorporación de RRD y ACC en los SNIP, en las estructuras programáticas presupuestales, en los criterios de asignación de recursos a nivel nacional y local.
b. Bases de datos de pérdidas y daños, sistemas de indicadores, modelos probabilísticos para la formulación de políticas públicas e inversión.
c. Avances regionales en indicadores para el seguimiento de inversiones en RRD en las cuentas nacionales.

Segundo panel Sistemas de Seguros, reaseguros y Transferencia de Riesgos

a. Lecciones aprendidas de fondos de atención y prevención de desastres, seguridad fiscal (créditos contingentes, bonos para catástrofes), para la RRD. b. Mecanismos de mercado, sistemas de seguros y transferencia de riesgo a nivel regional, nacional y local. c. Potenciación del rol del sector privado en procesos de transferencia de riesgos.

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