Bolivia
Reflexiones: Cuando la Prevención se Vuelve Urgente

Por: Marco Antonio Rodríguez, Guido Doria Medina

Durante los meses de diciembre del 2000 a marzo 2001, Bolivia sufrió el impacto de las inundaciones y sequías más duras en los últimos años, obligando al gobierno a declarar zona de desastres a cinco de los nueve departamentos del país y se vio en la necesidad inmediata de solicitar un préstamo por algo más de 10 MM $us al Banco Central de Bolivia para destinar a la atención de los desastres.

Las inundaciones se registraron a raíz de precipitaciones pluviales que superaron las marcas más altas registradas por el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología en los últimos 50 años agravada por la falta de políticas y estrategias de prevención. La intensidad de la lluvia llego a 22 milímetros en una hora. Como efecto de estas se perdieron viviendas y cosechas, se deterioraron las principales vías de transporte al grado de dejar incomunicadas a poblaciones y se afectó severamente la infraestructura pública. Una de las escenas más desgarradoras la vivió la población de Viacha a 35 kilómetros de la ciudad de La Paz (sede de Gobierno) donde se tuvo que lamentar la pérdida de viviendas y 300 familias afectadas.

Mientras algunas poblaciones sufrían inundaciones, anecdóticamente en otros departamentos la sequía hacía estragos, causando la pérdida de cosechas y ahondando la crisis económica principalmente del sector rural del país, el cuál representa ya índices de desarrollo humano comparables con algunos países del continente africano.

El saldo de los eventos de diciembre del 2000 a marzo de este año, ha sido de 74 muertos, 60.000 familias afectadas, un daño en el sector agrícola de alrededor de 12.000 hectáreas con un costo de 127 MM $us y en total el país perdió un estimado de 700 MM $us (alrededor del 10% del PIB). Un estudio más completo de los daños económicos directos e indirectos de los desastres vividos en este período, está en marcha con la cooperación de la CEPAL.

La época de verano que coincide con las lluvias, trae consigo cada año, desastres de magnitudes diferentes, al punto que algunos municipios como el de La Paz, disponen de presupuesto para la atención de emergencias a través de un plan que se inicia ya en el mes de octubre. De esta manera los medios de comunicación informan de eventos que pasan a ser parte de la cultura del ciudadano, aquella cultura que sostiene que los desastres son eventos externos generados y explicados a través de la religiosidad de las diferentes culturas. Sin embargo, los deslizamientos siguen ocurriendo en las zonas de alta pendiente, donde se construyen casas sin sistemas de eliminación de aguas, los sistemas de desagüe colapsan por la cantidad de desechos sólidos depositados en los ríos y así innumerables ejemplos que construyen los elevados niveles de vulnerabilidad que tiene el país.

El 26 de octubre del año 2000, durante una conferencia sobre Gestión de Riesgos, donde se encontraban algunas instituciones públicas e instituciones de cooperación internacional, se anunció la promulgación de la Ley para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres de Bolivia. Se trata de una Ley que se elaboró con la asistencia de consultores internacionales que tienen una concepción moderna de los desastres y sobre todo, de la experiencia de algunos países del continente que han enfrentado proceso de similares.

La Ley abre una nueva etapa al estado boliviano en la interpretación de los desastres, incluye dentro de esta visión a instituciones que desde la experiencia histórica nunca habían tenido relación directa con los desastres. Esta Ley plantea algunos principios básicos, entre los cuales se encuentra el de la obligatoriedad de toda la población con la temática de riesgos, la responsabilidad de asumir el costo para quien genera el riesgo, la descentralización de la responsabilidad de la prevención y atención de desastres en las administraciones departamentales y gobiernos municipales y la relación entre la gestión de riesgos, el desarrollo sostenible, el ordenamiento territorial y la inversión pública.

En octubre del 2000, la Corporación Andina de Fomento a solicitud de los cinco países Andinos organizó el Programa Regional de Prevención y Mitigación de Riesgos (PREANDINO), que entre otros objetivos tiene el apoyar a los Gobiernos del grupo andino a elaborar sus Planes Nacionales de Prevención y Mitigación de Riesgos. En Bolivia, la elaboración del plan está siendo encarada por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación como instrumento que determinará la estrategia de cambio de la concepción asistencialista vigente antes de la Ley, así como vivir la experiencia de la división del ciclo de los desastres en dos instituciones diferentes, la reducción de riesgos como responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación y la atención de desastres y/o emergencias en el Servicio Nacional de Defensa Civil dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. El Plan incorporará la prevención y mitigación en los procesos de planificación, elaboración de normas y fiscalización en los sectores de salud, vivienda, agricultura, transportes y comunicaciones y energía e hidrocarburos.

El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación en la implementación de la nueva visión de la gestión de riesgos, ha planteado algunos ejes de análisis y reflexión, estos son: la institucionalidad que vive el país, el enfoque moderno de los riesgos, la percepción de la población y los procesos y estrategias de intervención a cargo de las instituciones responsables.

En lo que se refiere a la institucionalidad, el país ha vivido los últimos 10 años un proceso de cambios profundos, a través de la Descentralización Administrativa del Gobierno Central ha transferido competencias, responsabilidades y recursos a las administraciones departamentales y los Gobiernos Municipales. La Participación Popular ha marcado un enfoque moderno de planificación apoyada en las demandas de la población circunscrita a un municipio, en un esfuerzo por dar poder a la sociedad civil para determinar los escenarios de desarrollo que desean alcanzar y así determinar también el uso de los recursos disponibles. Estos procesos y los avances conseguidos en áreas como la normativa de medio ambiente, administración de recursos forestales y biodiversidad, han creado las condiciones apropiadas en el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación para introducir la gestión de riesgos como un tema transversal.

El enfoque de riesgos, hoy día se presenta como elementos ligados al desarrollo sostenible que reflejan procesos sociales que han construido y profundizado sus vulnerabilidades, a través del desequilibrio de la relación entre los grupos sociales y su entorno y relacionados a temas como los niveles de pobreza, educación, acceso a oportunidades, etc. Por lo tanto, la prevención y mitigación no son tareas adicionales ni un enfoque más, sino es parte de los criterios que deben considerarse en el proceso de toma de decisiones en todos los niveles de la sociedad.

La percepción de la población sobre la ocurrencia de los desastres está ligada íntegramente a la cultura y religiosidad que viven los distintos grupos sociales. Esta se puede ver en la forma en la cual han creado mecanismos de adaptación a realidades que bordean el filo del desastre, esta situación no solamente se ve en los sectores marginados, sino que también en las nuevas urbanizaciones e inversiones en escenarios de riesgos insostenibles.

El proceso de intervención se está desarrollando a la sombra de los efectos psicológicos que han ocasionado los últimos desastres, que antes parecían lejanos a la realidad nacional, son más frecuentes y alcanzan mayores niveles de impacto en la economía del país.

El Plan pretende a través de su implementación, consolidar la institucionalidad existente a través del reconocimiento de las atribuciones legales y fortalezas de cada entidad, fortalecer las capacidades institucionales, promover la investigación y conocimiento de las amenazas y su difusión efectiva, elevar los niveles de interpretación de los escenarios de riesgo en la población de manera de crear normas y mecanismos legales que incluyan los elementos de la prevención.

La promulgación de la Ley ha finalizado una etapa de análisis, sin embargo queda por delante todavía el camino más importante, que es el revertir la prioridad de la atención de los desastres hacia la prevención, tarea que tiene su inicio con la elaboración del Plan Nacional de Prevención y Mitigación de Riesgos, donde seguramente su implementación nos llevará muchos años.

Para mayor información:
marqor@yahoo.com