CEPAL: Evaluación del impacto del
terremoto de Colima, México

Introducción

El 21 de enero del 2003, a las 20:30 horas se presentó un sismo de magnitud 7.8 en la escala de Richter que afectó principalmente los Estados de Colima, Jalisco y Michoacán, en México. El fenómeno causó 23 decesos, dejó un buen número de damnificados y provocó daños de consideración, particularmente en el primero de los Estados mencionados.

Las autoridades nacionales de protección civil, incluyendo el Director del Centro Nacional de Prevención de Desastres y un equipo de investigadores del Centro que integró una misión conjunta con el equipo del Earthquake Engineering Research Institute (EERI), del Grupo Interuniversitario de Ingeniería Sísmica (GIIS) y de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS), se movilizaron a las pocas horas de ocurrido el fenómeno al lugar del siniestro para apreciar la magnitud del sismo y su radio de acción. Desde ahí se arbitraron las medidas para la atención de la emergencia y se realizaron las constataciones que llevaron luego a la Declaratoria de Desastre en un buen número de los municipios comprendidos en los tres Estados mencionados.

El impacto socioeconómico del terremoto

Colima fue, sin duda, de los tres Estados afectados por el sismo del 21 de enero último, el que recibió, por mucho, el mayor impacto socioeconómico. El total de daños directos e indirectos en dicho Estado ascendió a poco más de 1,000 millones de pesos. Este monto representó algo más del 3% del producto interno bruto del Estado del año 2002, una de las proporciones más elevadas provocadas por un fenómeno natural en cualquier Estado de la República Mexicana en años recientes.

La vivienda fue el sector que recibió el mayor impacto con más de 25 mil unidades afectadas, con pérdidas estimadas en 298 millones de pesos (27.7%) del monto total de pérdidas causadas por el desastre.

Le siguieron en importancia los daños en el comercio y los servicios, particularmente los pequeños establecimientos aledaños a las viviendas que, en conjunto, presentaron pérdidas tanto en infraestructura física como en existencias por 127 millones de pesos. La industria, incluida la agroindustria superó los 56 millones de pesos. En conjunto, los sectores productivos, excluida la agricultura, tuvieron pérdidas que superaron los 205 millones de pesos. (2) En la agricultura las pérdidas fueron más bien moderadas, principalmente daños en los sistemas de riego, las que en conjunto con las pérdidas en la producción ascendieron a 38.9 millones de pesos.

Pérdidas relativamente cuantiosas se registraron en materia de suministro eléctrico (casi 111 millones de pesos), en edificios públicos y monumentos históricos, particularmente en infraestructura religiosa (42 y 114 millones de pesos, respectivamente). Los daños en comunicaciones y transportes fueron de casi 70 millones de pesos, muy influidos por los que se registraron en el puerto de Manzanillo, ya que los que ocurrieron en las carreteras fueron más bien moderados.

En materia de infraestructura educativa los daños más bien fueron moderados, que afectaron 387 escuelas, la mayoría en el municipio de Colima, así como ciertos daños de consideración en la Universidad de Colima. Las reparaciones, valuadas al costo de reposición, tuvieron un monto de 133.6 millones de pesos.
En materia de infraestructura de salud, los mayores daños se concentraron en uno de los dos hospitales con los que cuenta el ISSSTE en el Estado, que tuvo que ser desalojado ya que el inmueble quedó inhabilitado. También sufrieron daños de cierta consideración tres hospitales del IMSS. En total los daños directos y los efectos indirectos en este sector ascendieron a 48.3 millones de pesos.

Los recursos solicitados al Fondo de Desastres Naturales para atender las necesidades de la reconstrucción ascendieron a 514.9 millones de pesos. Este monto es mucho menor que el de las pérdidas efectivas estimadas en este informe para el conjunto de la economía estatal; sin embargo, guarda relación con los principales sectores que registraron daños, a excepción de los que recibió la actividad productiva privada, cuya atención escapa de las reglas del FONDEN. En efecto, sobresalen por su importancia los recursos solicitados por la Secretaría de Educación Pública, la SEDESOL, básicamente para apoyar a la vivienda afectada y también al sector transporte y comunicaciones para la reparación del puerto de Manzanillo.

Para mayor información contactar a:
Ricaro Zapata
CEPAL
rzapata@un.org.mx

(2) Las cifras anteriores corresponden a las solicitudes de apoyo relacionadas con los efectos del sismo presentadas por los propietarios de los distintos establecimientos.