2.1 Desarrollo y riesgo de desastre

La experiencia en Centroamérica forma parte de una creciente conciencia a nivel mundial sobre las relaciones causales entre desarrollo y desastres. El Informe Mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “La reducción de riesgos de desastres: un desafío para el desarrollo” (2004) resume las tres dimensiones de esta relación de la siguiente manera:

La tendencia observada en la última década en Centroamérica, a pesar de la anunciada transformación, es hacia una mayor acumulación de riesgos de desastres, sobre todo en las comunidades rurales y urbanas con alto déficit de desarrollo y en condiciones de exclusión y marginación.

El aumento de los desastres cotidianos, un indicador de acumulación de riesgos

Aunque Centroamérica se caracteriza como una región expuesta a multiamenazas y amenazas concatenadas, durante la última década se ha destacado un constante aumento de desastres debido a causas de carácter hidrometeorológico. Este aumento corresponde ante todo a desastres de pequeños o medianos impactos, que no se toman en cuenta en las estadísticas oficiales. Pero son estos eventos ya cotidianos, a los cuales en la mayoría de los casos no se les brinda la atención necesaria, los que minan los medios de vida de un creciente contingente de población vulnerable.

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En base de DesInventar-Guatemala se puede constatar que en el período 1988-1995 la cifra promedio de desastres por año era de 130, cifra que aumentó en el lustro comprendido entre 1996 y 2000, hasta alcanzar los 275 eventos, sin tomar en cuenta los 529 desastres locales producidos a raíz del Mitch en 1998

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Con los desastres ocurridos a raíz del huracán Mitch o de la tormenta tropical Stan se produjo, entonces, sólo que en una escala territorial mayor, lo que se manifiesta año tras año durante la estación de lluvias. Sin el registro de los miles de desastres locales que ocurren cada año en la región se ignoraría la situación de la población afectada, por ejemplo, los habitantes de asentamientos precarios urbanos o las comunidades rurales dispersas, distantes y muchas veces aisladas e incomunicadas. En este sentido, los criterios tomados en cuenta para clasificar un evento como un desastre pueden ser restringidos, pues algunos requisitos de selección incluyen el número de muertos y de personas afectadas (al menos 10 y 100, respectivamente), la declaración de una emergencia nacional o la solicitud de ayuda internacional.

En el reporte “Efectos en Guatemala de las lluvias torrenciales y la tormenta tropical Stan, octubre de 2005” (CEPAL, SEGEPLAN, 2005), se destaca que los deslizamientos ocurridos en el altiplano y las inundaciones producidas en la costa de este país evidencian la vulnerabilidad acumulada por la gestión inapropiada de cuencas, la exposición de laderas por procesos productivos y deforestación e índices de pobreza y desarrollo humano por debajo del promedio nacional antes del desastre.

Sin el registro de los miles de desastres locales que ocurren cada año en la región se ignoraría la situación de la población afectada, por ejemplo, los habitantes de asentamientos precarios urbanos o las comunidades rurales dispersas, distantes y muchas veces aisladas e incomunicadas. En este sentido, los criterios tomados en cuenta para clasificar un evento como un desastre pueden ser restringidos, pues algunos requisitos de selección incluyen el número de muertos y de personas afectadas (al menos 10 y 100, respectivamente), la declaración de una emergencia nacional o la solicitud de ayuda internacional. Las primeras iniciativas llevadas a cabo para contar con un registro de desastres a nivel local surgieron en los años 90, como el programa DesInventar, de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres (LA RED), pero lamentablemente se descontinuaron al finalizar el proyecto, y solamente en algunos países centroamericanos fueron actualizados (Costa Rica, Panamá y El Salvador).

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Un proceso de grandes impactos, pero poco tomado en cuenta El proceso que más ha marcado la dinámica económica, social, cultural y también política de Centroamérica durante la última década, y ante todo de los países con más altos índices de pobreza, es la masiva migración internacional, principalmente hacia Estados Unidos y de forma indocumentada. Inicialmente fue un fenómeno más bien urbano, pero actualmente predomina la emigración desde las comunidades rurales. Se trata de una migración desesperada, por la falta de oportunidades para tener una vida mejor, y en muchos casos es una cuestión de sobrevivencia en tiempos de crisis. El crecimiento de la migración principalmente hacia Norteamérica desde los países centroamericanos afectados por el huracán Mitch fue significativo. También luego del huracán Stan, la emigración de uno de sus miembros fue la única opción que encontraron muchas familias damnificadas. En una encuesta que realizó una misión de la FAO en noviembre de 2005 sobre las acciones tomadas por la población damnificada en Guatemala se menciona la migración a Estados Unidos como una de las pocas opciones.

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Si durante la última década han mejorado algunos indicadores de desarrollo en Centroamérica, en gran parte se debe al masivo aumento de remesas: se ha evitado un mayor deterioro del ingreso per cápita en los países receptores, y con ello también han mejorado los índices de pobreza. En las familias de los migrantes ha aumentado la resiliencia económica para enfrentar eventos extremos.

De manera indirecta ha surgido una mayor oferta laboral en zonas rurales (mayor construcción de viviendas, demanda de servicios, negocios, centros privados de salud y educativos). En las comunidades rurales con alta emigración disminuyó paulatinamente la presión sobre los recursos tierra y bosque, debido a la creciente disponibilidad de otros medios de ingreso y sustento. En la actualidad, los montos de las remesas son significativamente mayores a los de la Ayuda Oficial al Desarrollo (ver cap. 1.1.), pero su impacto en un desarrollo más sostenible a nivel nacional, comunal y hasta familiar ha sido poco estudiado.

En términos de vulnerabilidad, las familias de los migrantes tienen ahora un mejor nivel de vida material y mayor acceso a servicios de salud y educación para los hijos; muchas comunidades lograron la implementación de servicios básicos y otras mejoras con la ayuda de sus paisanos que residen en los Estados Unidos. Sin embargo, se manifiestan también nuevas expresiones de vulnerabilidad, entre las cuales destaca por ejemplo un proceso de creciente desintegración de las bases sociales en las comunidades rurales de origen y sobre todo en las indígenas.

Esto se manifiesta a nivel familiar (mujeres solas e hijos sin padre) y en las comunidades mismas, en la segregación existente entre familias prósperas (de migrantes) y aquéllas sin esta opción por falta de medios para costear el traslado hacia Norteamérica (se necesitan por lo menos tres mil dólares). En el caso de las mujeres que migran, casi siempre son madres solteras o jefas de hogar que deben encargar a sus hijos menores a otros miembros de la familia.