3.4 Agua y saneamiento básico |
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Necesidad de un fortalecimiento del sector de agua y saneamiento que incluya reducción de riesgo |
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Aunque el istmo tiene suficiente agua, el crecimiento de la población ha incrementado notablemente la demanda. La disponibilidad de agua no constituye por sí misma una garantía de desarrollo, aunque sin ella el desarrollo sostenible es impensable. Actualmente, su disponibilidad para diferentes usos está comenzando a ser una de las principales preocupaciones socioeconómicas. Las limitaciones en el acceso al agua para satisfacer las necesidades básicas, como salud, higiene y seguridad alimentaria, socavan el desarrollo y provocan enormes dificultades a la población afectada. Esto resulta evidente, por ejemplo, porque cerca de la mitad de la población de los países de la región está expuesta a fuentes de agua contaminadas que incrementan las incidencias de las enfermedades (coniformes fecales, sustancias orgánicas industriales, sustancias acidificantes, metales pesados, fertilizantes, pesticidas, sedimentos y salinización). A pesar de las inversiones efectuadas para la construcción de sistemas de agua y saneamiento, mejorando por ende la cobertura, aún hay mucho que hacer con relación a la calidad del agua, la sostenibilidad de los servicios y la reducción de sus vulnerabilidades. Estos datos de cobertura no son indicadores de la calidad de los servicios, ni nos dan una idea del impacto de las intervenciones en agua y saneamiento en la salud de las comunidades. Aunque se han hecho grandes esfuerzos por organizaciones como OPS y UNICEF para mejorar capacidades en las instituciones rectoras del sector en reducción de riesgo, hay muy poca evidencia de que los nuevos proyectos utilicen la reducción de vulnerabilidad como una variable crítica de diseño. La OPS está trabajando con estos países en la introducción de un instrumento de gestión creado por la OMS denominado Planes de Seguridad del Agua (PSA). La implementación de este instrumento de gestión es la mejor alternativa para identificar vulnerabilidades operativas y estructurales en los sistemas de agua y saneamiento. El instrumento permite hacer cambios significativos de mitigación, de acuerdo con las prioridades identificadas y con los presupuestos existentes. Los datos de cobertura en saneamiento tampoco hacen referencia a la cobertura del sector desechos sólidos, el cual es muy afectado durante las emergencias y desastres y cuya buena gestión es critica para el mantenimiento de la salud pública. Quizá la mayor vulnerabilidad del sector agua y saneamiento a nivel de estos países es su propia debilidad institucional. Algunos de los países afectados por el huracán Mitch han comenzado de una forma u otra un proceso de reforma del sector que permita visualizar claramente la separación de funciones de los reguladores, los responsables de diseñar políticas y los proveedores de servicios (Foster, 2005)42. Aunque se ha comenzado una fase de descentralización del sector hacia los gobiernos locales en algunos países, éstos aún no están preparados para afrontar los retos técnicos y financieros de la descentralización, por lo cual son cautelosos al aceptar los sistemas. La ausencia de ley sectorial, en algunos casos acompañada por la inexistencia de organismo regulador, dificulta la realización de políticas encaminadas a reducir el riesgo. Para poder incidir en la disminución de vulnerabilidades en el sector es imperativo fortalecer las instituciones, tanto en el nivel nacional como la coordinación en el nivel regional, por medio de las instancias intersectoriales que trabajan ya en este ámbito, como el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en Centrográfico américa (CEPREDENAC), el Comité Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y Saneamiento (CAPRE), el Foro Centroamericano y de República Dominicana de Agua y Saneamiento (FOCARDAPS), la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y la Red Regional de Agua y Saneamiento de Centroamérica, así como el apoyo de las agencias de cooperación, como la OPS o la UNICEF. Estas instancias regionales deben servir como vehículo para la implementación de políticas encaminadas al fortalecimiento del sector, desarrollando entes reguladores funcionales e instituciones capaces de proveer asistencia técnica capacitada a los prestadores locales, de tal forma que se dé un uso eficiente de las inversiones en el sector. No podremos hablar de desarrollo sostenible en el sector sin antes exigir que las inversiones en el mismo incluyan reducción de riesgo como parámetro principal en los programas. Con el fin de cumplir las metas del milenio, el Banco Interamericano del Desarrollo (BID, 2003) estimó la inversión requerida para poder satisfacer la demanda de agua potable y saneamiento en Centroamérica, en 1,482.7 millones y 1,578 millones de dólares, respectivamente, significando el 5.8% aproximadamente del PIB centroamericano, y poder cubrir en un 50% las necesidades básicas de la población en la región. Los casos más críticos son Honduras y Nicaragua, que requieren una inversión por habitante de 95 dólares americanos, seguidos de Guatemala (87.2) y Costa Rica (78.4). Sin embargo, Guatemala es el país que necesita la mayor inversión en términos totales (1.038 millones de dólares, es decir, el 6.3% del PIB nacional)43. Se han recorrido ya 10 años después del Mitch. En el camino para la sostenibilidad, que depende de la reducción de riesgo, aún tenemos mucho que andar.
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