El año 2005 ratificó la tendencia ya observada desde 2004 de un incremento en la fuerza, concentración y número de eventos climáticos anómalos o por encima de las medias históricas. Por primera vez en 154 años de registro de huracanes, en el 2005 se registraron 26 eventos con nombre, el mayor número de huracanes (13) con efectos devastadores en México, Centro-américa e islas del Caribe y la costa norte del Golfo de México: Luisiana, Missouri, Mississippi y Texas.

Con un impacto global que oscila entre 200 y 210 mil millones de dólares, durante el año 2005 se registraron más de 4.600 personas fallecidas y más de seis millones de personas afectadas. Excluidos los daños registrados en Estados Unidos, las estimaciones preliminares del monto de daños y pérdidas en América Latina y el Caribe superan los 6 mil millones (de los cuales 2.222 corresponden a Mesoamérica y el Caribe). El cuadro de la página siguiente muestra una estimación preliminar del impacto de los huracanes en 2005.

El año 2005 evidencia nuevamente tanto el impacto global de los desastres como la necesidad de tener medidas de contingencia, alerta y preparación para múltiples amenazas y eventos extremos con períodos largos de retorno, en los Estados Unidos. Pero sobre todo el año 2005 evidenció cómo la intervención en el medio natural puede tener consecuencias desastrosas si la vulnerabilidad construida no es ade-cuadamente atendida y si no existe la necesidad de adoptar la reducción del riesgo como una política nacional explícita en la agenda del desarrollo.

Considerando al hemisferio en su conjunto, es preciso registrar que también en Estados Unidos 2005 fue un año emblemático: se superó el monto de los daños y pérdidas que dejó el huracán Andrew en 1992 (estimado en 34.4 mil millones de dólares de acervo y pérdidas aseguradas); el monto de gastos y pérdidas causados por el enjambre de eventos de 2004 (Iván, Charly, Frances) fue estimado entre 22.9 y 30 mil millones de dólares. Si bien se estimó que las pérdidas aseguradas fueron 47.2 mil millones de dólares, según la Insurance Services Organization (ISO), esta suma no considera ni el impacto que los eventos tuvieron en el mercado del petróleo por efecto de la baja en los volúmenes de extracción y refinación en el Golfo de México, ni los efectos de ingreso en la población damnificada. Estos efectos también tuvieron repercusiones en la región centroamericana, donde se vio una disminución de las remesas enviadas por los trabajadores residentes en los estados afectados.
La reconstrucción en las áreas afectadas en EE.UU. se estima tomará más de diez años: el congreso de Estados Unidos ha aprobado para ayuda de emergencia y asistencia humanitaria 62 mil millones de dólares y ha ordenado revisar los planes de contingencia frente a desastres en todas las áreas metro-politanas del país.

También se evidenciaron otras debilidades regionales cuando Wilma devastó Cancún y afectó la Riviera Maya de México, ya impactada de manera importante en julio por Emily. Cier-tamente la temporada de huracanes de 2005 será el indicador para los próximos años como medida de acción en términos de gestión del riesgo, mitigación frente a desastres y adaptación a procesos cuyos ciclos rebasan los ciclos vitales de las actuales generaciones. Stan en México, Guatemala, El Salvador y en menor medida en Honduras y Nicaragua (luego afectadas por Alfa y Beta) evidenció vulnerabilidades sociales y ambientales hoy de nuevo exacerbadas.

Adicionalmente en la región hubo otros eventos con con-secuencias catastróficas en términos de pérdidas de vida, de viviendas y de actividades productivas: terremotos en Chile y Perú, lluvias torrenciales en Venezuela y Colombia, y actividad volcánica del Galeras en este último país.

Todos estos desastres y sus efectos evidencian que la actividad hidroclimática muestra un franco incremento con secuelas negativas, que refuerzan la urgencia de adaptación por parte de los países a este cambio climático y la necesidad de reducir la vulnerabilidad frente a amenazas crecientes y múltiples, dentro del contexto de las políticas de desarrollo de competitividad, mejora de la productividad y cumplimiento de las metas del milenio.

Por sus condiciones geomorfológicas un buen número de países de la región requiere adoptar planes de ordenamiento territorial y normas de asentamientos humanos, códigos de construcción y estándares de seguridad para enfrentar múltiples amenazas. Sin embargo, esto resulta difícil concretarse cuando dichas amenazas se transforman en desastres.

De ello se concluye la necesidad de buscar –en el plano regional y con particular énfasis en los países de menor desarrollo y con economías menos diversificadas y resilientes (más dependientes de sectores primarios y del patrimonio natural)– instrumentos de reducción y transferencia del riesgo, e instrumentos financieros que –como mecanismos anti-cíclicos– sean verdaderas herramientas de compensación frente a pérdidas esperables.

Para mayor información contactar a:
Ricardo Zapata, rzapata@un.org.mx