Publicación original (en  inglés): https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/cities-are-front-lines-covid-19?CID=WBW_AL_BlogNotification_EN_EXT
        El COVID-19 está  amenazando a ciudades y comunidades de todo el mundo, y no solo está poniendo  en peligro la salud pública, sino también la economía y la propia estructura de  la sociedad. El virus ya está generando un profundo impacto  multidimensional y se prevé que creará la peor contracción económica en varias  décadas. Asimismo, la pérdida de puestos de empleo ya ha alcanzado cifras  históricamente altas. 
        Debido a todos  estos impactos, el Banco Mundial calcula que es  probable que unos 100 millones de personas se suman en la pobreza por los  efectos de la pandemia, con hasta 49 millones de personas en condiciones  de extrema pobreza. Muchos de estos "nuevos pobres" vivirán en las ciudades y  trabajarán por cuenta propia, en su mayoría dentro del sector informal. Las ciudades se sitúan a la  vanguardia para enfrentar la pandemia y sus efectos  permanentes.
        En especial, los  residentes de los barrios marginales y los asentamientos informales muestran un  alto grado de vulnerabilidad. Los mil millones de personas que viven en estos  barrios y asentamientos carecen de infraestructura y de servicios básicos,  tales como agua, saneamiento, recolección de residuos, y acceso a servicios de  atención a la salud. Muchas de estas personas dependen de las instalaciones  sanitarias comunitarias, lo cual aumenta las tasas de infección.  A menudo, el distanciamiento físico es  imposible en estas zonas hacinadas. Muchos de los residentes de estas  comunidades reciben ingresos irregulares, tienen trabajos inestables y no  tienen la capacidad de alimentar a sus familias debido a las restricciones y a  las políticas sobre los cierres y confinamientos de emergencia. No hay  programas de protección social para prestarles apoyo, ni a ellos ni a sus  familias. 
        En el contexto de una mayor vulnerabilidad y sus  crecientes necesidades, los gobiernos nacionales y locales enfrentan una  realidad en la que sus recursos financieros son sumamente limitados. Menos  exportaciones, una reducción en las remesas y en los ingresos provenientes del  turismo, y una profunda contracción de sus actividades económicas se están  traduciendo en una precipitosa caída de sus ingresos fiscales. Prevemos que el  próximo año las autoridades locales percibirán entre un 15 y un 25% menos de  ingresos, por lo que les será difícil mantener los niveles actuales de los  servicios prestados, y tendrán dificultades para invertir en mejoras en los  barrios marginales.
         
          Las ciudades deben  luchar contra el COVID-19 en tres fases diferentes, a menudo coincidentes: 
        
          - La fase de  emergencia, centrándose en prevenir la transmisión de la enfermedad y tratar a  las personas afectadas; 
- La fase inicial de  recuperación, centrándose en mitigar el impacto en los grupos vulnerables,  reactivar la economía local y planificar aspectos relacionados con la "nueva  normalidad", bajo condiciones fiscalmente difíciles; y 
- La nueva normalidad, con todas las incertidumbres en  torno al trabajo, entre otras. 
La fase de emergencia 
          Las ciudades  desempeñan un rol fundamental durante la fase de emergencia al apoyar los  servicios de atención a la salud, mantener la infraestructura básica y la  prestación de servicios, e impulsar la sensibilización pública sobre aspectos  de higiene y cómo reducir las tasas de infección, también al prestar apoyo a  aquellas personas cuyos medios de vida han resultado afectados. En aquellas  áreas en las que los registros gubernamentales sobre protección social no están  actualizados, las ciudades han desarrollado una aproximación directamente en el  territorio, dirigiéndose especialmente a los barrios y asentamientos informales  donde viven los pobres urbanos y los "nuevos pobres", cuyos medios de vida han  resultado afectados. 
        Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires,  Argentina, está centrando su atención en el enorme reto de  los asentamientos informales. En el Barrio 31, la ciudad aumentó sus esfuerzos  de comunicación, incluso a través de WhatsApp y Facebook, así como con campañas  de sensibilización. Se está priorizando el cuidado de las personas en riesgo,  tales como personas mayores o viviendo en condiciones de hacinamiento, a  quienes se les está ofreciendo la posibilidad de reubicarse en hoteles y otros  centros que permitan el distanciamiento físico como medida preventiva. Se  presta especial atención a las mujeres y a los niños en riesgo de sufrir una  mayor violencia doméstica, al centrarse en la detección temprana, el aumento de  los servicios sociales y la sensibilización de los vecinos. El apoyo adicional  incluye comidas para niños en edad escolar, distribución de alimentos entre los  hogares de menos recursos y cocinas comunitarias. 
        Las personas de  menos recursos económicos, cuyos medios de vida han resultado afectados,  necesitan tener acceso a redes de seguridad social que incluyan alimentos y  dinero en efectivo. En la India, el gobierno del estado de Uttar Pradesh está  ofreciendo apoyo para mantener los ingresos de los trabajadores informales que  perdieron sus trabajos debido a la pandemia, vendedores de comida, conductores  de rickshaw (mototaxis) y obreros de  construcción. Por su parte, la ciudad de Quito, Ecuador, ha aumentado la  distribución de comida a través de unidades municipales móviles y mercados de  alimentos.
          
          Se debe prestar  especial atención a los grupos vulnerables, a fin de evitar un mayor deterioro  de sus condiciones de vida. Varios países, como El Salvador, han introducido  una suspensión temporal del desalojo de aquellas personas que no puedan pagar  sus alquileres o hipotecas, así como políticas para evitar que los proveedores  desconecten o corten servicios básicos, tales como el agua y la electricidad,  en el caso de personas que no puedan pagarlos. En Perú, la ciudad de Lima ha  ofrecido albergue temporal a la población indigente, además de distribuir  alimentos para los grupos vulnerables. 
        
          Otro grupo que ha resultado muy afectado es el de  las personas que trabajan en el sector cultural y creativo. Las políticas de  confinamiento han ocasionado el cierre de museos, teatros y salas de óperas, y  restaurantes, al igual que la suspensión de actividades públicas, festivales y  espectáculos. Para salvaguardar este sector, que es fundamental para su propia  identidad, la ciudad de Melbourne,  Australia, lanzó un programa de subvenciones con el fin de ayudar a los  artistas cuyos medios de vida han resultado afectados.
        
          Con una capacidad limitada debido a una reducción en  sus ingresos, las ciudades necesitan más que nunca la ayuda del sector privado  y la sociedad civil. En Indonesia, el sector privado está ofreciendo estuches  para pruebas rápidas a un bajo costo, a fin de reducir la carga del sistema de  salud pública, el cual ya se está saturando. En Bangladesh, las organizaciones  de la sociedad civil están ofreciendo servicios de transporte gratuito para los  trabajadores del sector de atención a la salud. En Sudáfrica, una empresa  social adquiere productos directamente de los pequeños agricultores y los  entrega a varias organizaciones comunitarias cercanas para que los distribuyan  o preparen alimentos para sus beneficiarios pobres. 
        
          El sentido de  pertenencia comunitaria reviste especial importancia. En los asentamientos  informales de Indonesia, varias iniciativas dirigidas por las comunidades para  distribuir mascarillas, alimentos y desinfectantes, así como para seguir de  cerca las condiciones de salud imperantes, reciben apoyo a través del programa  nacional para modernizar barrios informales denominado KOTAKU. Esto ayuda a  fortalecer la resiliencia de las personas que viven en condiciones de  vulnerabilidad y marginalización, frente a los distintos retos que enfrentan. 
        
          De igual manera,  las ciudades deben prestar una atención prioritaria a los grupos vulnerables  durante los confinamientos y durante la aplicación de medidas de  distanciamiento físico. Esto incluye a las mujeres expuestas a una mayor  incidencia de la violencia de género, aquellas que han sido despojadas de sus tierras o  propiedades después de la muerte de un pariente (hombre)  debido al COVID-19, personas mayores aisladas en sus casas, niños cuya  educación y apoyo nutricional se han suspendido, personas que viven con  condiciones de discapacidad,  y grupos  que enfrentan cualquier tipo discriminación. 
        
          La fase inicial de recuperación 
          Los trabajadores del sector informal con trabajos  inestables, ingresos irregulares y sin ningún tipo de asistencia social  necesitan apoyo para poder reactivar sus medios de vida. Los programas de obras  públicas que requieren de mano de obra intensiva, tal como la iniciativa Kazi Mtaani,  en Kenia, representan un instrumento valioso. Este programa, enfocado en  los  asentamientos informales en Nairobi  y Mombasa, utiliza enfoques para el uso intensivo de mano de obra a fin de  crear oportunidades laborales para los jóvenes y los trabajadores del sector  informal que han resultado afectados. La primera fase busca crear 26.000  oportunidades de empleo para la limpieza de calles, las tareas de fumigación,  la recolección de basura, la limpieza de desagües, y la producción y  distribución de mascarillas. 
          Además de centrarse  en los grupos pobres y vulnerables, la reactivación de las economías de las  ciudades es un aspecto esencial para el impulso de las empresas y los negocios  locales, especialmente las micro y pequeñas empresas que han resultado sumamente  afectadas. Políticas como las deducciones fiscales, la ampliación de las obras  públicas, las adquisiciones y las contrataciones focalizadas, son esenciales  para complementar los paquetes de estímulo de los gobiernos nacionales. 
          La aplicación de  planes de recuperación requiere que los gobiernos locales coordinen con  diversos grupos interesados, tales como agencias sectoriales, el sector privado  y grupos comunitarios, a fin de establecer medidas integrales y priorizar las  inversiones. El establecimiento de una entidad o de un mecanismo de  coordinación a nivel metropolitano ayudará a facilitar la colaboración entre  las diversas agencias que prestan servicios o que realizan inversiones e  implementan medidas para fortalecer la resiliencia. 
          Esta pandemia pone  en evidencia tres lecciones principales para los gobiernos nacionales y  locales, al tiempo que implementan sus iniciativas de recuperación y planifican  lo que será la nueva normalidad. 
        
          - En primer lugar, los lugares más afectados no son  simplemente las grandes ciudades o aquellas con una alta densidad de población.  También son lugares con viviendas pobres y hacinadas, carentes de servicios de  infraestructura, especialmente agua y saneamiento, y con espacios abiertos  mínimos, tal como sucede en los asentamientos informales.  Será necesario trabajar con las comunidades e  invertir para ofrecer acceso a viviendas asequibles, que cuenten con  infraestructura y servicios básicos. 
- En segundo lugar, los pobres y vulnerables, tales  como los trabajadores del sector informal, las personas que reciben ingresos  irregulares, las personas mayores o que viven con discapacidad, los niños que  han sido privados de su educación o que carecen de nutrición son los más  afectados. Para abordar todo esto, será necesario priorizar las políticas que  permitan hacer frente a la exclusión social, económica y espacial, con el  propósito no dejar a nadie atrás. 
- En tercer lugar, es esencial fortalecer las  capacidades de las ciudades para prepararse y responder a una emergencia. Esto  significa una mejor preparación en términos del financiamiento, de la  prestación de servicios y la continuidad laboral. Esto incluye la definición de  presupuestos para crisis futuras, la instauración de centros de operaciones de  emergencia, el desarrollo de capacidades, la realización de simulacros y la  elaboración de planes para la redistribución o relocalización de los recursos  humanos. 
La fase de nueva  normalidad 
          Mientras superan esta pandemia, las ciudades deberán  aumentar su resiliencia al invertir en una mejor preparación para responder a  la emergencia, y al integrar los riesgos a la salud pública en sus sistemas de  gestión de riesgos de desastres. Las medidas dirigidas a reducir el riesgo  incluyen una zonificación adaptada, planificación del territorio y de los usos  del suelo para regular los usos de alto riesgo; esto incluye la ubicación y el  funcionamiento higiénico de los mercados húmedos y los mataderos. Las ciudades  también necesitan contar con finanzas más diversas que les permitan desempeñar  una función más sólida durante una respuesta a la emergencia o en la etapa de  recuperación. 
          Se deben abordar muchas preguntas e incertidumbres a  medida que las ciudades van superando la pandemia. 
        
          - ¿Los residentes urbanos desearán seguir viviendo en  zonas densamente pobladas, o preferirán trasladarse a ciudades más pequeñas o a  suburbios menos densamente poblados? 
- ¿Cuál es el legado sociocultural de las  interacciones humanas después del distanciamiento social? ¿Reemplazarán  parcialmente las reuniones en línea la experiencia real y la interrelación en  espacios físicos? 
- ¿De qué forma se adaptarán los sistemas de  transporte público a los riesgos de salud y cómo atraerán de nuevo a los  usuarios o pasajeros? ¿Implementarán las ciudades más carriles exclusivos para  bicicletas y redes más amplias de peatones, transformando las medidas de  emergencia en soluciones permanentes? Por ejemplo, en Auckland, Nueva Zelanda  se están añadiendo senderos para mantener un distanciamiento de dos metros,  mientras que, en Bogotá, Colombia se están estableciendo 70 kilómetros de  carriles para bicicletas. 
- ¿De qué forma pueden las ciudades adaptar sus  cadenas de suministro (en especial la de alimentos) para que sean más  autosuficientes? 
- ¿De qué manera evolucionarán las soluciones y las  infraestructuras digitales para prestar servicios a muchas más facetas de la  vida urbana? 
- ¿Cuál será el futuro de los puestos de empleo y la  educación después de trabajar de forma remota y aprender a distancia durante  tanto tiempo? ¿Será este el fin de los distritos comerciales centrales? 
Las respuestas a estas preguntas determinarán si las  ciudades se podrán adaptar mejor y ser más resilientes. Al aplicar una amplia  variedad de visiones e innovaciones en diferentes campos, tales como las  tecnologías, la sociología, el diseño y planificación urbana, y la formulación  de políticas, se puede ayudar a las ciudades para que continúen desempeñando su  función indispensable en el futuro. 
        
          El Programa de Ciudades  Resilientes del Banco Mundial, el Centro de Resiliencia Urbana de  ONU-Hábitat, la Campaña Desarrollando Ciudades Resilientes: Mi  Ciudad se está preparando de la Oficina de las Naciones Unidas para la  Reducción del Riesgo de Desastres  (y su sucesor MCR 2030,  que se lanzará a finales de este año) y el Programa de Ciudades para una Recuperación  Resiliente, de la Red Global de Ciudades Resilientes son iniciativas  muy importantes para aumentar la resiliencia y fortalecer la preparación de las  ciudades en caso de desastres, así como para ayudar a la formación de las  ciudades del futuro, a través de la colaboración y el intercambio de  conocimiento. 
        
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