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Este número de ISDR Informa: Reducción de Desastres en las Américas, marca un cambio en estructura, el contenido y la línea editorial de la revista. Si bien el cambio se reflejará de manera más patente a partir del próximo número, durante la preparación de esta edición hemos constituido un Consejo Editorial integrado por representantes de varias organizaciones internacionales, intergubernamentales, no gubernamentales (ONG) y del sector académico, dedicadas a la reducción del riesgo de desastres en nuestra región. La responsabilidad principal del Consejo Editorial será guiar y orientar sobre la línea editorial de la revista y su contenido con el fin de que esta publicación se consolide como el principal medio de comunicación y referente de calidad sobre la reducción del riesgo de desastres en la región.
Sin duda, el 2010 será uno de los años que quedarán en la memoria de la comunidad de la reducción del riesgo de desastres de las Américas por muchos años. En este año, hemos tenido que ser testigos de uno de los mayores desastres jamás ocurridos en la región, el sismo del 12 de enero en Haití, y también del impacto causado por el quinto terremoto de mayor magnitud ocurrido en el planeta. En este caso me refiero al sismo del 27 de febrero que afectó las regiones de Maule y Bio-Bio en Chile. Estos dos eventos nos dejaron lecciones muy poderosas y evidenciaron de manera muy clara lo que puede llegar a significar la diferencia con respecto al nivel de vulnerabilidad en que vive la población de uno y otro país, y de lo que esto implica en términos de las lamentables pérdidas de vidas humanas, pérdidas económicas, sociales y ambientales, así como de la capacidad de resiliencia de los dos países.
Estos dos eventos tuvieron repercusiones sobre todo en zonas urbanas. Esto resulta de especial importancia y debe ser visto con especial atención si tenemos en cuenta que, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, se espera que a mediados de este siglo el 87 por ciento de la población de la región viva en zonas urbanas. Por ello, es fundamental que se incorpore la gestión de riesgos a nivel local, que es el nivel idóneo para analizar el riesgo de manera más detallada y precisa. Es también a este nivel donde pueden tomarse decisiones que permitan que los proyectos de desarrollo e inversión pública se lleven a cabo de tal manera que permitan desarrollar comunidades más resilientes. De no hacerlo, estaríamos contribuyendo a generar o incrementar las vulnerabilidades, abonando el terreno para que ocurran nuevos desastres en caso de manifestarse en el futuro las amenazas naturales con las que convivimos.
Nuestra experiencia nos dice que los sistemas de reducción del riesgo de desastres, incluida la capacidad de respuesta, son tan sólidos como lo sean las capacidades del nivel local. De hecho, es bien sabido que, aún en los países con los sistemas de respuesta a desastres más eficientes, durante las primeras 24 a 48 horas luego de un desastre, la población afectada depende casi por completo de la capacidad de respuesta existente en las propias comunidades. Es únicamente a partir de las 48 horas cuando las instancias nacionales, regionales e internacionales pueden empezar a prestar ayuda a la población afectada, especialmente cuando la situación de desastre afecta a varias comunidades y/o regiones de manera simultánea. Por ello, es indispensable que se dote a los gobiernos locales con el mandato y recursos necesarios para que puedan integrar la reducción del riesgo de desastres en su jurisdicción, tanto en el ámbito de la planificación urbana, el ordenamiento territorial y las políticas de reducción de vulnerabilidad, como en el ámbito de los preparativos para enfrentar situaciones de desastre y las actividades propias de la respuesta.
En América Latina y el Caribe, existen 110 millones de personas de escasos recursos viviendo en asentamientos precarios, lo cual representa el 23 por ciento de la población urbana de la región. Se trata de una situación que busca revertirse mediante el desarrollo de comunidades resilientes, tarea en la que los gobiernos locales son actores clave. El avance de las políticas de descentralización, la tendencia de crecimiento y concentración de la población y los niveles actuales de vulnerabilidad consolidan a los gobiernos locales como escenarios prioritarios para la reducción y el control del riesgo de desastre. Además, sus autoridades se enfrentan a la amenaza de desastres en el día a día y necesitan contar con un mejor acceso a las políticas e instrumentos que les permita enfrentarlos de manera eficaz y eficiente.
Este tema es de alta prioridad para la secretaría Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, razón por la cual se ha decidido adoptarlo como tema central de la campaña mundial bianual que fue lanzada en mayo del 2010. El objetivo de la Campaña Mundial de la UNISDR sobre reducción de desastres 2010-2011, es conseguir que el mayor número de gobiernos locales estén preparados para hacer frente a los desastres y crear una red participativa mundial de ciudades de diferentes tamaños, características y perfiles de riesgo.
Esta edición es particularmente importante porque se inscribe en el marco del cumplimiento de la primera mitad del periodo para el cual fue adoptado el Marco de Acción de Hyogo (2005-2015). ¿Qué decíamos con respecto a este tema en 2005? ¿Qué estamos diciendo ahora? ¿Qué diremos en 2015? Revisando la edición de EIRD Informa de 2005 he podido ver que, sin duda, los temas centrales de la misma, además de la adopción del Marco de Acción de Hyogo durante la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción de Desastres, giran en torno a la información y la comunicación, a los sistemas de alerta temprana, los preparativos, el desarrollo de estrategias nacionales para la reducción del riesgo de desastres y la educación. Al contrastarlo con la información que incluimos en este número he notado que, a pesar del corto periodo transcurrido y a pesar que los temas que acabo de citar siguen estando muy vigentes, las prioridades sí han variado. En 2005, no se hablaba aún con tanta fuerza sobre cambio climático y adaptación como asuntos de relevancia para la RRD. La inversión pública en reducción del riesgo de desastres era también un tema poco tratado y las políticas de Estado para impulsar este tema apenas empezaban a germinar.
La COP 16 celebrada en Cancún constituye sin lugar a dudas un hito en la integración de la agenda global de cambio climático y procesos de adaptación con la de la reducción del riesgo de desastres. Las partes involucradas en la COP tomaron en Cancún una serie de decisiones relevantes tanto en el campo de la reducción de emisión de gases de efecto invernadero como en la adaptación al cambio climático. Esto ha tenido un impacto positivo en fortalecer el rol de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático como el foro apropiado a través del cual los países deben abordar los temas relativos al cambio climático. Esto, a pesar de que no se llegó a acuerdos vinculantes con respecto a la reducción de las emisiones ni en cuanto al financiamiento para la adaptación. En lo que concierne a la reducción del riesgo de desastres, el resultado es muy prometedor ya que se llegó a un acuerdo con respecto al Marco de Adaptación de Cancún, mismo que incluye específicamente lenguaje relativo a la reducción del riesgo de desastres y menciona el Marco de Acción de Hyogo. Este hecho tendrá, sin duda, implicaciones importantes en el financiamiento futuro de acciones de adaptación, incluyendo aquellas relacionadas con la RRD.
Otro tema abordado en esta edición es el de los sistemas comunitarios de alerta temprana. En términos generales, los sistemas de alerta temprana funcionan en tanto y en cuanto la población que debe ser alertada esté enterada, capacitada y al tanto de lo que debe hacer y cómo debe actuar en caso de dispararse la alerta. De no cumplirse con esta premisa, el sistema de alerta temprana no cumplirá con su cometido. La concientización de la comunidad a través de su participación regular en simulacros y ejercicios de evacuación es un factor clave a la hora de enfrentarse a una situación real de desastre. Estos aspectos deben ser trabajados de manera continua y sostenida a lo largo del tiempo para lograr los cambios de comportamiento requeridos y el desarrollo de una verdadera cultura de prevención por parte de la comunidad.
Otro tema que empieza a cobrar fuerza en la región es el relacionado con la importancia de la inversión pública en la RRD. La falta de inversión pública en este campo se traducirá en mayores pérdidas económicas a causa de desastres a corto y mediano plazo. A modo de ejemplo, quisiera mencionar el terremoto de febrero del 2010 en Chile, que provocó, según cifras del Gobierno, cerca de 30 mil millones de dólares en pérdidas a pesar de que Chile es quizás el país de la región que cuenta con uno de los códigos de construcción sismoresistente más exigentes y con alto grado de aplicación de la región. Se espera que en los próximos años la economía de Chile crezca a un ritmo de entre 5 y 7 por ciento anual y que su población roce los 20 millones de habitantes en 2050. Este crecimiento conllevará nuevas e importantes inversiones en infraestructura pública y privada. Si no nos aseguramos de que dichas inversiones se lleven a cabo de manera segura e integrando los análisis costo-beneficio en función del riesgo frente a amenazas naturales, las pérdidas por fenómenos naturales similares al de febrero pasado podrían llegar a ser aún mayores en el futuro. Esta situación se aplica a la práctica totalidad de los países de la región.
Los gobernantes de nuestros países no deben aplazar más el otorgar a este tema una mayor prioridad dentro de la gestión del aparato público. Las inversiones públicas (y privadas) deberían realizarse de manera tal que las características constructivas garanticen la sostenibilidad de las obras construidas o proyectos desarrollados. Resulta mucho más costoso reconstruir un hospital o escuela que se destruyó a causa de un desastre por no haber sido construido con apego a normas y códigos que consideran las amenazas naturales, que invertir un poco más al momento de su construcción para garantizar su seguridad y robustez. Claro está que hay ocasiones (muy pocas) en que las inversiones que estas medidas requieren pueden ser mayores que los beneficios que de esta inversión puedan derivarse. En estos casos, existe aún la posibilidad de transferir el riesgo mediante el uso de mecanismos financieros tales como los fondos catastróficos, seguros y reaseguros. Por ello, es necesario que se lleven a cabo análisis costo-beneficio que consideren la reducción del riesgo de desastres en los estudios, proyectos y programas.
En este sentido, el sector educativo es clave por varias razones. Primero, porque a través de él se puede incidir directamente en el cambio de actitudes, comportamientos e imaginarios y desarrollar una cultura de la prevención. Segundo, porque las instalaciones educativas concentran el capital humano en proceso de desarrollo intelectual, indispensable para el desarrollo social, cultural y económico de nuestros países. Consecuentemente, las instalaciones educativas deben reunir condiciones de seguridad y robustez estructural que permitan garantizar el bienestar de quienes las ocupan, particularmente en caso de situaciones de desastre. Tercero, porque en el cumplimiento de sus funciones como órgano de extensión del conocimiento hacia la comunidad, el sector educativo puede jugar un rol muy importante ya que puede proyectar o extender hacia la comunidad los aspectos relacionados con el desarrollo de una cultura de prevención. Finalmente, durante una situación de desastre, el sector educativo debe estar en capacidad de continuar sus operaciones para evitar que se interrumpa el ciclo de escolaridad, contribuyendo así a la recuperación post desastre.
Además de incluir varios artículos que tratan y analizan los temas que me he permitido resumir, la revista contiene valiosa información sobre actividades globales de la ISDR, voces e ideas de varios autores y de los socios de la ISDR en acción que han contribuido con artículos para esta edición. A todos ellos, nuestro agradecimiento y profundo reconocimiento. Y a nuestros apreciados lectores, les deseamos una agradable lectura y un año 2011 lleno de logros en el tema que nos ocupa y esperamos verlos en marzo (14-17) con ocasión de la segunda sesión de la Plataforma Regional para las Américas en México, y en mayo (8-13) en la tercera sesión de la Plataforma Global en Ginebra.