Las economías sumergidas del riesgo:El caso de República Dominicana

Después de más de un año de hablar con cientos de personas que viven en zonas de riesgo y son afectadas por las inundaciones en República Dominicana, sigo haciéndoles las mismas preguntas ¿qué medidas tomaría para evitar que se inunde su casa, sus cultivos, su ganado, que se destruyan infraestructuras? Si ustedes tuviesen la capacidad de gestionar el riesgo en este país, ¿hacia donde encaminarían esas estrategias?

Foto: © E. Bustillo

Las respuestas suelen ser siempre recurrentes. Más “picos y palas” para las instituciones de emergencia, un sistema de comunicación eficaz para una alerta temprana y realizar una rápida evacuación, más colaboración entre las instituciones, mejores infraestructuras, y la respuesta más escuchada, “concienciar a la población sobre los riesgos”. Y estoy de acuerdo con todas las respuestas, pero sobre todo con concienciar a la población, educarla sobre qué es el riesgo.

En la ciudad de Baitoa, situada aguas abajo de la presa de Taveras, en la provincia de Santiago, una señora que vivía junto al río me dijo que su casa había sido destruida por el “desagüe de la presa durante la tormenta Olga”, en diciembre de 2007. Y ante mi pregunta de por qué construía de nuevo su casa en el mismo sitio donde una vez fue destruida por la riada, su respuesta fue que no tenía dinero para construir en el interior de la ciudad y ahí, donde vivía, nadie le pedía dinero. Es solo un ejemplo de los muchos testimonios similares que se pueden recoger a lo largo del país.

Pero yo no voy a hablar de aquellas personas que desconocen el riesgo, sino de aquellas otras que lo conocen bien, lo conocen tan bien, que se aprovechan de las --desastres, y sacan réditos económicos de la inundación de parcelas agrícolas y ganaderas y de la pérdida de viviendas y bienes.

Es bien conocido en República Dominicana que muchas personas viven en las zonas de mayor exposición, y por ende, de más alto riesgo. Orillas de los ríos, laderas inestables, barrios enclavados en las cañadas más peligrosas de las ciudades… Parece que existe una reciprocidad entre zonas de alto riesgo y un buen número de posibilidades de ser el damnificado número uno en la próxima catástrofe. Con un poco de suerte la Defensa Civil les sacará de sus casas, que serán desbaratadas por la inundación, lluvias o cualquier otro fenómeno natural. El resultado, miles de personas sin casa, e instituciones públicas construyendo viviendas en zonas, supuestamente sin riesgo, para poder alojar a todas esas personas. Según la CEPAL, las inundaciones de noviembre de 2003 dejaron 16.160 viviendas dañadas o destruidas, con unos costos de reconstrucción y reubicación de más 62 millones de pesos (1.8 millones US$).

La mayoría de esas personas realojadas, o tenían trabajos informales de subsistencia, o se dedicaban a la agricultura o ganadería, cuyas tierras y rebaños no asegurados se han visto dañados, o bien no tenían trabajo. No existe capacidad de ahorro, sus fuentes de ingresos se han visto mermadas o anuladas, pero tienen una vivienda, cuya venta podría reportarles ingresos suficientes como para vivir unos cuantos años. Los mismos años que tarde en llegar el próximo desastre.

El subsecretario de Planificación, Guarocuya Félix, declaró en mayo de 2009, en un seminario sobre Integración de la gestión de riesgos en la planificación e inversión pública que “los desastres naturales Las economías sumergidas del riesgo: obligan a destinar cada año alrededor de un 1% del presupuesto nacional para mitigar y resarcir daños”.

Las instituciones públicas han implementado recursos económicos en la construcción de viviendas, pero el resultado es un panorama similar al que existía antes del desastre: gente viviendo en las mismas zonas afectadas. Y no solo los que vivían antes, sino que más gente dispuesta a “ganarse una vivienda” en los próximos años acude allí. La marginación obliga a las personas a la ilegalidad. Las economías sumergidas ofrecen a menudo medios de subsistencia a gente marginada que sufre los varapalos de un sistema económico que no es capaz de cubrir sus necesidades.

¿Pero solo la gente que recurre a estas prácticas se beneficia del riesgo? No. Ellos realmente son los verdaderos perdedores del sistema, que les obliga a jugar con sus vidas, poner un precio a la vida de sus hijos, a fin de poder mantenerlos y subsistir en condiciones precarias.

Las verdaderas “economías sumergidas del riesgo” comienzan cuando se permiten esas situaciones, cuando se buscan soluciones rápidas con miras en plazos cortos de no más de cuatro años que puedan reportar un voto en las próximas elecciones. Esas son las verdaderas ganancias ocultas que reportan los desastres.

Está de sobra estudiado cómo se configura el riesgo y qué elementos intervienen: peligrosidad, exposición y vulnerabilidad. Ante la peligrosidad nada se puede hacer, es el evento natural y nadie puede evitar el paso de tormentas tropicales, huracanes u otros efectos naturales adversos. Frente a la vulnerabilidad, que hace referencia a las condiciones intrínsecas de la población para anticiparse, sobrevivir, resistir y recuperarse frente a los eventos adversos existen numerosas medidas, pero medidas costosas y de largo recorrido. Es algo que escapa al estudio del riesgo y entra de lleno en conceptos macroeconómicos a escala estatal. Nos queda afrontar la exposición: si somos vulnerables, pero no estamos expuestos nuestra situación de riesgo se ve considerablemente reducida.

Foto: © E. Bustillo

Existen numerosas medidas que pueden tomarse para reducir la exposición de la población. La primera de ellas sería no permitir que se formen comunidades en torno a las áreas de inundación de los ríos, mucho menos cuando esas personas han sido realojadas. Para ello es necesaria una transversalización del riesgo a todos los sectores públicos, que toda normativa tenga en cuenta la gestión del riesgo. Una solución sería la regulación de la prohibición de vender las viviendas provenientes de realojos por desastres. Otra medida que tomar sería dar capacidad a algunas de las instituciones del país como Defensa Civil, Ejército Nacional o Policía Nacional para que eviten que la gente se asiente en las zonas delimitadas de riesgo. Obviamente estas medidas son complicadas para aplicar en una sociedad que históricamente ha convivido con el riesgo y cuya percepción del mismo es mucho más permisiva de lo que sería deseable. Es por ello que estas medidas serían impopulares, pero no por ello innecesarias.

Si realmente se está decidido a hacer frente a un problema que golpea una y otra vez a la sociedad dominicana y sobre todo, aunque no solo, a sus estratos más desfavorecidos, se han de tomar verdaderas soluciones y no solo parches que agravan el problema y hacen perder esfuerzos y tiempo. Se ha de invertir el dinero público con un criterio más allá del periodo electoral, la transformación de una sociedad que se “enfrenta al riesgo” repetidamente en una sociedad que “gestiona el riesgo” de la manera más eficiente para reducir sus consecuencias.

Eduardo Bustillo
Investigador. Grupo de Riesgos Naturales NATRISK de la Universidad de Valladolid (España)
EduBustillo@gmail.com